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LA INTERRUPCIÓN DE LA PRESCRIPCIÓN EXTINTIVA

Un nuevo criterio de la Sala de lo Civil

LA INTERRUPCIÓN CIVIL DE LA PRESCRIPCIÓN EXTINTIVA CONFORME A LA LEY CIVIL Y MERCANTIL DE EL SALVADOR:

La prescripción según lo contempla el artículo 2231 del Código Civil y define dicho artículo a la prescripción como: “…un modo de adquirir las cosas ajenas, o de extinguir las acciones y derechos ajenos, por haberse poseído las cosas o no haberse ejercido dichas acciones y derechos durante cierto lapso de tiempo, y concurriendo los demás requisitos legales.”

Por objeto práctico me voy a referir en el presente exclusivamente a la prescripción como forma de extinguir acciones y derechos ajenos.

El plazo de prescripción para extinguir acciones judiciales en el derecho civil es de diez años para las acciones ejecutivas y veinte para las acciones ordinarias, sin embargo para las acciones mercantiles el plazo se acorta, así el artículo 995 del Código de Comercio establece que para las acciones mercantiles las prescripciones van desde los seis meses hasta los cinco años, dependiendo el tipo de contrato mercantil que se pretende alegar la prescripción extintiva o liberatoria.

Hay que hacer un importante apunte sobre los contratos bancarios, ya que según la ley de bancos en su artículo 74 establecía que para los contratos bancarios la prescripción era de cinco años, sin embargo este artículo 74 fue declarado inconstitucional en la sentencia dictada por la Honorable Sala de lo Constitucional de las quince horas y cuarenta y tres minutos del día veintidós de diciembre de dos mil cuatro en los procesos acumulados marcado con referencia: 8-2003/49-2003/2-2004/5-2004.

Es a través de esta sentencia que la Asamblea Legislativa realiza reformas del código de comercio en su artículo 995, entre las cuales en el romano IV se establece que en los contratos de créditos mercantiles la prescripción era de cinco años.

No obstante ello, al ser el derecho bancario una rama especial del derecho mercantil; y  con el objeto de brindar seguridad jurídica, la Asamblea Legislativa creo un decreto  especial que es el decreto número 637 de fecha: veintiséis de abril de dos mil cinco; publicada en el diario oficial ochenta y cinco tomo trescientos sesenta y siete.

Dentro de dicho decreto se establece en su artículo 1 lo siguiente:

“ LOS PLAZOS DE PRESCRIPCION DE LAS ACCIONES DERIVADAS DE LOS CONTRATOS DE CREDITO OTORGADOS POR LOS BANCOS Y AQUELLOS ADQUIRIDOS, REFINANCIADOS O ESTRUCTURADOS POR EL FONDO DE SANEAMIENTO Y FORTALECIMIENTO FINANCIERO.

Art. 1.  Los plazos de prescripción de Ias acciones derivadas de los contratos de crédito otorgados por los Bancos y aquéllos adquiridos, refinanciados o reestructurados por el Fondo de Saneamiento y Fortalecimiento Financiero, que hayan comenzado a computarse a partir del 10 enero de 2005, se regirán, en lo que se refiere a la prescripción extintiva de conformidad a lo establecido en el ordinal III del Art. 995 del Código de Comercio.”

Por ello en el caso de los créditos bancarios el plazo de la prescripción es de dos años, porque así lo establece el artículo 995 romano III del código de comercio.

Para que un derecho  o acción prescriba, tal como se ha dejado plasmada en diversa jurisprudencia del país, se necesitan de ciertos requisitos, como lo son: 1) Que el derecho sea susceptible de prescripción, 2) que haya transcurrido el plazo que la ley establece para que el derecho o acción se considere prescrito. 3) que la persona quien pretenda hacer valer la prescripción lo haya alegado. 4) que no se haya renunciado a la prescripción;  o se haya interrumpido el plazo que la ley señala para que se produzca la prescripción.

La renuncia de la prescripción puede ser de manera expresa o tácitamente.

Es de manera expresa cuando a través de una declaración de voluntad se renuncia por parte del deudor a la misma, y es tácita cuando el que puede alegar la prescripción a través de un acto  positivo, reconoce la existencia de la obligación, como por ejemplo si se pagan intereses de un mutuo que ya ha prescrito.

Las formas de interrupción con base al artículo  2240 del código civil  pueden ser de dos maneras: natural o civil.

La interrupción civil,  se produce cuando se ha intentado un recurso judicial,   y que a través de este recurso, aquel que se considera verdadero dueño del derecho a reclamar  acude al órgano judicial a ejercer su derecho de acción contra el deudor.

Sin embargo el artículo 2242 del código civil, establece algunos motivos por los cuales no se puede dar por establecida la interrupción civil; y que el acreedor, ante un eventual proceso de prescripción extintiva de derechos y acciones iniciado por el deudor, pueda oponer dicha excepción de la existencia de la interrupción civil a las pretensiones de prescripción extintiva o liberatoria.

Y dice el artículo 2242 Civil que no procede alegar la interrupción en los siguientes casos:

1º Si la notificación de la demanda no ha sido hecha en forma legal. 2º Si el recurrente desistió expresamente de la demanda o cesó en la persecución por más de tres años 3º Si el demandado obtuvo sentencia de absolución.”

En cuanto al artículo 2242 Civil, numeral primero, la Sala de lo Civil manejó un criterio que fue el que imperó durante mucho tiempo, referente a que el efecto de interponer la demanda, antes del plazo y que se notificara en legal forma, hacía que el efecto de la notificación retrotraía el plazo al momento de presentación de la demanda, con lo cual bastaba que la notificación de la misma en legal forma para que se entendiera que el plazo de interrumpía al momento de presentación de la demanda.

Este criterio es el  que todavía utilizan algunos tribunales de la República en sus sentencias definitivas, sin embargo, a partir de la sentencia de las ocho horas y quince minutos del día veintiuno de octubre de dos mil nueve, en el recurso de casación con referencia 170 – CAM – 2008;  criterio que ha sido repetido en los recursos 14 – CAM – 2010 dictada a las ocho horas y quince minutos del día veintinueve de septiembre de dos mil diez,  y el recurso 232 – C – 2007, dictada a las ocho horas del día dieciocho de mayo de dos mil once; la Sala de lo Civil ha generado doctrina legal, que viene a modificar completamente el planteamiento que se maneja por los tribunales de lo civil y de lo mercantil.

Así, en el recurso 170 – CAM – 2008 sobre el plazo de interrupción de la prescripción la Sala de lo Civil ha dicho lo siguiente:

“Previo a examinar el fondo de la pretensión, así como el resto de excepciones planteadas por la parte demandada, la Sala procederá a analizar la relativa a la prescripción de la acción, ya que, de estimarse se volvería inoficioso entrar al examen de las demás, así como del fondo del asunto.

La fecha de vencimiento de la letra de cambio base de la acción, fue el veinte de agosto de dos mil cuatro. A partir de esa fecha, debían transcurrir tres años para que expirara el plazo de la prescripción que establece el Art. 777 Com.; es decir, que el plazo concluiría el veinte de agosto de dos mil siete. La demanda se interpuso el veinticinco de abril de dos mil siete. Fue legalmente notificada al representante legal de la demandada el cinco de noviembre del mismo.

Ahora bien, este tribunal ha sido del criterio, que si bien el emplazamiento interrumpe la prescripción de las acciones, sus efectos se retrotraen al momento de la presentación de la demanda, con base al análisis de los Arts. 222 Pr.C. que dice en su parte final que el emplazamiento interrumpirá la prescripción, en relación con el Art. 2257 y 2242 C.C. los cuales disponen, el primero, que se interrumpe la prescripción por la demanda judicial y el segundo, que si la notificación de la demanda no ha sido hecha en legal forma se entenderá no haber sido interrumpida la prescripción.

Sin embargo, haciendo una nueva lectura de dichas disposiciones y analizándolas de manera más exhaustiva, la Sala estima que la correcta interpretación que debe dársele a dichas normas legales, es el siguiente:

El elemento fundamental de la prescripción es el lapso de tiempo (2253 C.C.) y este es susceptible de suspenderse y de interrumpirse, figuras con efectos diferentes; pero para el caso que nos ocupa interesa esencialmente la interrupción civil de la prescripción de las acciones judiciales, conforme al Art. 2257 Inc.32 C.C.; es decir, medíante la demanda judicial.

El Art. 222 Pr.C. dispone expresamente “la citación o emplazamiento para contestar la demanda interrumpe la prescripción conforme al Código Civil”. Indudablemente lo que esta norma determina es que el acto interruptivo de la prescripción es un acto puramente procesal que se efectiviza en una etapa especial, la citación o emplazamiento para contestar la demanda. Tal disposición debe entenderse en el sentido de que, se circunscribe a regular únicamente lo concerniente a la interrupción de la prescripción, una vez presentada la demanda, estableciendo de una forma clara el momento a partir del cual ha de entenderse interrumpida la prescripción. Entonces, mientras que el Art. 2257 C.C. únicamente requiere para la interrupción, la interposición de la demanda; el Art. 222 Pr.c. agrega otros requisitos relativos a la demanda y su trámite.

De lo anterior se concluye, que conforme a la interpretación armónica de los Arts. 222 Pr.C. y 2242 del Código Civil para que la demanda judicial produzca interrupción de la prescripción, ésta deberá notificarse antes de expirar el lapso de la prescripción. Lógicamente, que como todo trámite judicial, el emplazamiento, para producir sus efectos jurídicos debe ser hecho en legal forma, y esta regla general se aplica al efecto concreto de interrumpir la prescripción, especialmente señalado en el Art. 2242 C.C. resultando evidente que la ausencia de éste impide que opere la interrupción, no obstante existir una demanda interpuesta.

De tal manera entonces, resulta que en el caso de autos, al haberse realizado el emplazamiento en el mes de noviembre de dos mil siete; es decir, un poco más de dos meses de que el plazo de la prescripción de la acción había vencido (veinte de agosto de dos mil siete), éste fue realizado cuando la acción cambiaria ya había prescrito. Por consiguiente, se impone declarar prescrita la acción en el fallo de mérito y omitir la continuación del examen del resto de excepciones, así como de los extremos de la demanda, por ser inoficioso.”

 

Dicha interpretación de los plazos de la prescripción dictada en la sentencia definitiva arriba mencionada ha sido confirmada a través de la sentencia de la SALA DE LO CIVIL, en el recurso  14-CAM-2010 de fecha  veintinueve de septiembre de dos mil diez en el cual se estableció lo siguiente:

“El Art. 777 C. Com., estipula tres años como plazo para la prescripción de la acción cambiaría directa, contados a partir del día de vencimiento de la letra de cambio.

Considerando que la fecha de vencimiento de la letra de cambio —objeto del proceso de que se trata-, es el uno de enero de dos mil cuatro y que el emplazamiento a la señora[…] se verificó el diez de noviembre de dos mil ocho, habían transcurrido cuatro años diez meses nueve días, es decir, más de los tres años que estipula el Art. 777 C. Com., de manera que al haberse efectuado la notificación de la demanda en la fecha indicada, ésta no tuvo efecto interruptivo por encontrarse concluido el plazo de tres años, verificándose los efectos liberatorios a que refiere el precepto en análisis; por lo que resulta procedente acceder a la excepción opuesta y alegada por la recurrente sin entrar a conocer el fondo sometido a conocimiento Art. 133 inciso Pr. C. Consecuentemente, por el sub-motivo Violación de Ley, al igual que en el caso anterior procede casar la sentencia de mérito.”

Bajo esta perspectiva y bajo este nuevo criterio, para que se entienda interrumpida la prescripción debe ser interpuesta la demanda y notificada la misma antes de que venza el plazo de la prescripción de lo contrario estaremos ante la posibilidad que el deudor pueda ampararse al plazo de la prescripción y que los jueces deben aplicar este nuevo criterio para generar sentencias uniformes conforme a lo establecido por la doctrina legal creada por la Sala de lo Civil.

 

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