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EL ARBITRAJE DE DERECHO Y LA APELACIÓN

Buscando cambios en nuestra ley de arbitraje salvadoreña

Arbitraje de derecho y la apelación

El arbitraje es tan antiguo como la convivencia social del individuo. La doctrina autorizada en el tema, ubican en la historia a la institución incluso antes de la existencia del Poder Judicial, de manera que, si el arbitraje precedió a la facultad del Estado de juzgar y hacer ejecutar lo juzgado, no es ilógico que algunos puedan observar la similitud de la función del árbitro con la del juez, con la diferencia que uno dicta sus resoluciones a razón de un contrato con las partes y el otro por una facultad que le deviene de la Constitución.

En El Salvador el arbitraje ha sido incomprendido; producto de algunas experiencias negativas que se han tenido en la práctica. Sin embargo, esas mismas experiencias negativas se viven también día con día en los tribunales, con la diferencia que por la misma educación que hemos recibido en las aulas donde se imparten las cátedras de derecho, muchos aceptamos resoluciones, – incluso algunas contrarias a derecho-  dictadas por jueces, porque vemos a la justicia como un valor que monopólicamente lo administra el Estado.

Pero ese monopolio de justicia no es suficiente, si tomamos en cuenta que en los negocios cada vez se desarrollan temas más complejos y desconocidos por los jueces. Por ello, el arbitraje debe ser visto como una institución afín a la justicia y que es una alternativa viable para solucionar conflictos que surgen o bien en la actividad comercial entre las partes; o bien en las relaciones de carácter económico en que participa el Estado donde se deben dirimir intereses de carácter disponible conforme a la ley y a la Constitución.

Históricamente desde la Constitución de 1824 casi siempre se ha dado protección al arbitraje elevándolo a una categoría de derecho fundamental. Algo que no es de extrañar si tomamos en cuenta que la inspiración de dicha normativa primaria fue la Constitución de Cádiz de 1812, donde producto de la influencia napoleónica se reguló también en España al arbitraje como una garantía constitucional de solventar los conflictos entre las partes.

Siguiendo esa línea encontramos que: en los códigos de procedimientos de 1857, 1863 y 1882 existen apartados completos sobre la regulación del procedimiento arbitral, y prácticamente las diferencias entre dichas leyes es mínima, pues hay que recordar que en esa época cada país regulaba el arbitraje de acuerdo a sus creencias y costumbres. Por lo que existió desde 1882 una normativa que reguló por más de 100 años al arbitraje y que para el año 2000 ya no era acorde a las necesidades y a la realidad de El Salvador.

Por ello, en el año 2002 se reguló el arbitraje en una normativa especial basada en los principios y líneas sugeridas en la ley modelo CNUDMI de 1985 para arbitraje internacional, con la cual se intentó uniformar nuestra legislación conforme a los parámetros exigidos por el derecho internacional y que surgiera, como en otros países, un mayor uso del arbitraje como una forma de solucionar los conflictos entre las partes.

Hoy a casi 14 años de existencia de la ley de arbitraje se ha visto una considerable disminución de conflictos en que las partes optan al arbitraje como una forma de dirimirlos, quizás vale la pena recordar que en el año 2009 la Asamblea Legislativa realizó una reforma a la ley de mediación conciliación y arbitraje, estableciendo la posibilidad como regla y no de excepción de apelar a los laudos dictados en derecho.

La característica principal del arbitraje de derecho es que las personas que integran el panel de árbitros son abogados y la resolución que dicten (laudo) debe ser fundamentada y apegada a la normativa legal vigente. Dicho esto, interpretamos que la visión del legislador al hacer esta modificación a la ley es porque consideró el arbitraje como de naturaleza jurisdiccional la cual según la doctrina ha pasado nada más a ser relevante para usos didácticos pues ya se ha visto superada dicha concepción.

El dilema surge viendo las dos figuras bajo la óptica constitucional ¿Que es más importante el derecho a recurrir o el derecho a someter bajo el principio de la autonomía de la voluntad, los intereses de las partes en conflicto a un arbitraje – entendiendo este como libre de la innecesaria intervención judicial-?

Si bien un recurso reglado es una garantía constitucional del derecho de acceso a la jurisdicción y al debido proceso; al aplicarse a la materia del arbitraje desnaturaliza la figura porque va en contra de dos elementos caracterizantes a los que la doctrina reconoce como propias de la institución como lo son: la mínima intervención judicial y la obligatoriedad del cumplimiento del laudo.

Bajo estos elementos, las partes al momento de someterse al arbitraje están conscientes de que su intención no es que su conflicto quede en manos de un juez, sino más bien contratan a personas independientes para que sean estos quienes resuelvan en base a la buena fe (arbitraje en equidad), a la capacidad técnica (arbitraje técnico) o en el derecho (arbitraje de derecho) sus conflictos. Y a respetar la resolución que estos dicten en sus laudos a menos que exista un vicio tal que conlleve nulidad.

Estando en presencia de dos derechos constitucionales y existiendo una colisión entre los mismos no es posible que la Sala de lo Constitucional haga prevalecer un derecho sobre el otro, tal como quedó plasmado en la sentencia de inconstitucionalidad 11 – 2010. Quizás como un apunte extra, no está demás decir, que el problema no es Constitucional, pero si funcional; ya que la figura del arbitraje ve truncada su posibilidad de crecimiento al tener el país una norma poco competitiva a nivel internacional.

Por ello, si bien es cierto que el Estado tiene la facultad soberana de determinar cómo se va a regular el arbitraje, los operadores jurídicos también tenemos el derecho de exigir una ley acorde a las necesidades de país. Hoy por hoy nuestro futuro en el arbitraje es incierto, quizás por el poco valor que se le da a una institución; la cual, si se aplica correctamente permite asegurar entre las partes los entendimientos y contribuye a la convivencia en paz dentro de nuestra sociedad.

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